Ramon Sellas

Comunicado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Baleares - Secreto profesional y derecho de defensa

Palma, 25 de marzo de 2010

Ante las noticias aparecidas en los medios de comunicación acerca de la intervención de las comunicaciones telefónicas mantenidas entre algunos de los imputados del "caso Palma Arena" y sus abogados defensores, y sin entrar a valorar ni este ni ningún otro caso en concreto, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Baleares quiere hacer público el siguiente comunicado:

1.- La Junta de Gobierno exige el máximo respeto hacia el secreto profesional del abogado, así como al derecho a la confidencialidad de las comunicaciones entre letrado y cliente, por ser, ambos principios, piedras angulares sobre las que se fundamenta el derecho a la defensa libre e independiente que la Constitución Española reconoce a todos los ciudadanos.

2.- La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados recuerda, como lo hizo en su día el Consejo General de la Abogacía Española, que la legislación de nuestro país protege el derecho de defensa, el secreto profesional y la inviolabilidad de las comunicaciones entre el abogado y su cliente, que sólo podrían ser puestos en cuestión por razones de Estado (casos de terrorismo) y/o en supuestos muy concretos, siempre con carácter restrictivo.

3.- El secreto profesional del abogado está regulado, protegido y amparado por la legislación española, y considerado - como garante que es del derecho fundamental a la defensa-, no sólo como un derecho, sino también como un deber. Tanto es así, que, incluso, el incumplimiento de este deber por parte del abogado, está expresamente sancionado por el artículo 199.2 del Código Penal y por el Código Deontológico de la abogacía española.

4.- El derecho a la defensa de todo ciudadano y el deber de todo abogado implica inexcusablemente la necesidad de mantener la absoluta privacidad y confidencialidad de las conversaciones mantenidas por éste con su cliente. Privacidad y confidencialidad que constituyen la esencia del secreto profesional, como garantía del derecho a la tutela judicial efectiva de toda persona respecto de la cual se siga un procedimiento judicial.

5.- Desde esta premisa básica, la protección del derecho-deber de guardar secreto profesional debe ser exigido y respetado, no sólo por la Abogacía, sino por la totalidad de los operadores jurídicos y la sociedad entera, puesto que sin él no hay posibilidad de una defensa real y efectiva del ciudadano.

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